La detención de Gallego Pamplona se originó en el proceso radicado con el número S 0686/F74, que adelanta la Fiscalía 74 Delegada ante la Red de Inteligencia Militar con sede en la IV Brigada, y en cuyo programa metodológico de investigación se ha involucrado, de forma arbitraria y a través de labores de inteligencia militar y del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), a organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y partidos políticos del departamento.
Luego de conocer la investigación en su contra, Gallego Pamplona informó por escrito a la Fiscalía 74 que estaba dispuesto a comparecer al despacho en el momento que lo requiriera para ser escuchado en versión libre y demostrar su inocencia en los hechos, así como desvirtuar las falsas acusaciones que pesan en su contra. El despacho lo citó el miércoles 10 de junio para escucharlo en indagatoria.
El defensor de derechos humanos acudió a la diligencia de indagatoria de manera voluntaria y durante ella aportó elementos probatorios para desvirtuar las acusaciones en su contra y establecer la legalidad de sus actividades como defensor de derechos humanos. Sin embargo, una vez terminado el interrogatorio, la fiscal que lleva el caso ordenó su captura inmediata.
Esta decisión, según el comunicado suscrito por el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Capítulo Antioquia, y la Fundación Sumapaz, “desconoce la presentación voluntaria de Wiston Gallego en el proceso y su expresa decisión de colaborar con la investigación, violándose derechos fundamentales como la libertad individual, que sólo puede ser limitada en casos excepcionales, y la presunción de inocencia”.
Gallego Pamplona venía siendo objeto de hostigamientos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas desde hacía varias semanas. Uno de los últimos hechos ocurrió el pasado 7 de mayo en las afueras de la Universidad de Antioquia. Allí, dos hombres de civil que portaban armas de fuego, lo abordaron a él y a un amigo, y los obligaron a entregar sus documentos de identidad, los cuales nunca les fueron devueltos. Ante la presencia de unidades de la Policía Nacional en el lugar, los dos desconocidos se vieron obligados a identificarse y mostraron sus credenciales como integrantes del Ejército Nacional.
Pero no ha sido la única irregularidad. Desde el pasado 6 de mayo, la Agencia de Prensa IPC ha venido denunciando una serie de anomalías que rodean este proceso, tras acceder a información que consigna graves acusaciones contra el movimiento social de Antioquia asociándolo con el Partido Comunista Clandestino de Colombia, conocido como el PC3 y el cual ha sido relacionado con la guerrilla de las Farc.
La investigación penal que ahora tiene en la cárcel a Gallego Pamplona se adelanta desde el 3 de abril de este año, a instancias del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y de organismos de inteligencia militar, entre ellos el B2 y la Regional de Inteligencia Militar Nº 7, adscrita a la VII División del Ejército, que aportaron diversos informes.
El primero de esos documentos tiene fecha del 23 de febrero y fue preparado por la Regional de Inteligencia Nº 7. En él, se hicieron señalamientos contra diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos y estudiantiles. Un documento más fue aportado el 26 de febrero y fue suscrito por dos investigadores judiciales que trabajan en convenio con las Fuerzas Militares, quienes, después de ofrecer una serie de supuestas pruebas, concluyeron que “el proceso se puede reactivar”.
Un día después y aceptando la solicitud de los investigadores judiciales, este despacho abrió nuevamente investigación previa y solicitó a través de una orden de trabajo averiguar por la personería jurídica y los representantes legales de por lo menos 12 organizaciones no gubernamentales y del Polo Democrático Alternativo.
Adicionalmente, Inteligencia Militar en convenio con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, presentó a dos testigos, quienes ya han sido “utilizados” en otros procesos penales contra el movimiento estudiantil universitario y cuya credibilidad siempre ha sido cuestionada. Se trata de dos personas que aparecen como desmovilizados y que a su vez son estudiantes de la Universidad de Antioquia. Allí apoyan la labor de inteligencia que realiza la cuarta Brigada en el campus universitario. Su testimonio ya ha sido desvirtuado en procesos anteriores donde también se investigó a personas que nuevamente aparecen vinculadas en el actual proceso.
Una de las irregularidades de este proceso revela una curiosa circunstancia: ese caso ya había sido precluido por la misma Fiscalía 74 el 16 de diciembre de 2008 tras considerar que no se lograron obtener “las pruebas que respalden la presunción de la actividad rebelde”.
Otra anormalidad más es que el proceso se adelanta bajo las reglas consignadas en la Ley 600 de 2000, anterior Código Penal, que le permite a la Fiscalía actuar sin el control de un juez de garantías, aspecto que ha sido cuestionado toda vez que los hechos que se investigan tuvieron ocurrencia en la ciudad de Medellín con posterioridad al 1º de enero de 2006, lo que exigiría la aplicación de las normas de la Ley 906 de 2004. Hasta el momento, los recursos presentados por abogados defensores para que se investigara bajo esta norma han sido rechazados en segundas instancias judiciales.
El Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Capítulo Antioquia, y la Fundación Sumapaz, instaron al ente acusador para que proceda a reasignar el proceso a una Fiscalía que esté por fuera de las guarniciones militares, como una manera de garantizar su independencia y transparencia.
Además, le solicitaron a la Procuraduría General de la Nación que avance en la investigación por los ilegales informes de inteligencia realizados por la Regional de Inteligencia Nª 7, adscrita a la VII División del Ejército, “así como por la utilización arbitraria de personas que aparecen como desmovilizados de grupos ilegales y que son el fundamento de la apertura de procesos penales contra defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, estudiantiles y sindicales”.
También le pidieron a la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que realice un seguimiento a la situación de defensores de derechos humanos que están siendo investigados en razón de su legítima actividad y en el marco legal establecido en la legislación nacional e internacional: “dada la gravedad de la situación, convocamos, para que tome cartas en el asunto y lidere el acompañamiento a las organizaciones en riesgo, y así mismo facilite los acercamientos entre éstas y las entidades del estado colombiano que sean pertinentes”.
Por último, advirtieron que esta situación genera una gran preocupación para las demás personas y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos que están siendo investigadas, “puesto que evidencia una vez más la persecución y estigmatización a la legítima labor de defensa de los derechos humanos y la oposición política en el país, poniendo en riesgo la vida y libertad de las otras personas que también han decidido presentarse voluntariamente a indagatoria”.
